EL PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD EN LA JURISPRUDENCIA TRIBUTARIA PERUANA

Introducción

El principio de no confiscatoriedad, un tema que en las clases de derecho tributario ocupa las primeras clases junto con el principio de reserva de ley, legalidad, equidad, igualdad, etc y que solo lo vemos  solitario en nuestra Carta Magna  a manera de principio rector en su artículo 74, a saber: "... Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio. "

Es de verse que ni en el código Tributario es mencionado,  sin embargo es la figura mas invocada por los litigantes cuando de cobros abusivos se trata, principalmente de las tasas creadas por los gobiernos locales. Sin embargo  siendo fuente derecho tributario tanto las normas constitucionales así como la jurisprudencia tal como lo sentencia la Norma III del citado código tributario, este estudio pretende conceptualizar cuándo nos encontramos frente a un tributo confiscatorio y qué es lo que ha desarrollado los operadores del derecho a través de la jurisprudencia tanto nacional como extranjero en el curso de los últimos años. Asimismo  en qué sede debe plantearse si tan sólo en el ámbito constitucional o en una corte contenciosa administrativo o si es que también puede invocarse en el ámbito administrativo. Finalmente  existe un parámetro o monto para saber si nos encontramos ante un tributo confiscatorio o  se debe analizar cada caso concreto.

Revisando la jurisprudencia constitucional tributaria hemos encontrado algunas ejecutorias que vale la pena  citar y comentar a fin que puedan servirnos de guía a la hora de ejercer la defensa cautiva de los administrados a saber: 

Confiscatoriedad en el Caso del impuesto Predial:
  Expediente  N° 718-99: Publicado en el diario oficial El Peruano en la separata "Garantías constitucionales" pag. 3330 el 23 de octubre de 1999.

Sumilla: Resulta vulneratorio de los Principios de Igualdad  y de NO CONFISCATORIEDAD, el atribuir el cobro de una deuda correspondiente a varios deudores tributarios, a uno solo de los referidos sujetos, tomando en cuenta  además lo elevado del monto de la obligación.

Asunto: La entidad accionante solicita  que se declare inaplicable respecto de ella  los alcances  del artículo 9  del DL N° 776 que concuerda con el art 19 del Código Tributario respecto de la Responsabilidad Solidaria  que se le queire atribuir por el pago del Impuesto Predial, que le corresponde pagar  a 1,600 contribuyentes que suscribieron un convenio de aplazamiento y fraccionamiento con la Municipalidad de Lurigancho Chosica. La actora interpone apelación contra la sentencia  de primera instancia que declaró  Fundada en Parte la Acción de amparo.

Posición de la Corte: "Primero.- que al margen de que el mecanismo de garantía respecto del primer  punto  de la pretensión resultara fundada toda vez que el actor  a quien se pretende cobrar  coactivamente el tributo por los 1600  propietarios del inmueble condominio Club residencial los girasoles de huampaní, no participó  ni suscribió el convenio de fraccionamiento. Respecto del segundo petitorio relacionado a la inaplicación para el actor del los alcances  del artículo 9 del decreto legislativo N° 776 Ley de tributación Municipal referidas a la responsabilidad solidaria por un mismo hecho generador de obligación tributaria para el caso concreto del accionante también resulta resulta de amparo  de conformidad con el art 3 de la ley 23506 en consideración que al margen  de que el hecho generador de la obligación no derivaría de un mismo generador del tributo, como se establece en el art 19 del código tributario puesto que en realidad la obligación se fracciona entre los 1600 propietarios, aspecto que corresponde fiscalizar  a la municipalidad, aun en el caso  de que tal acumulación procediera, el atribuir el pago  total a uno solo, vulneraría los principios de igualdad y respecto del derecho fundamental  económico del pretensor ya que resulta irrazonable que tenga que abonar  la suma de un millón quinientos mil; por tanto la emplazada  incurre en la circunstancia de confiscatoriedad por los efectos mencionados y que se reprueba en el art 74 de la Constitución del estado".... En consecuencia la corte superior de justicia  de Lima REVOCA la sentencia apelada y reformándola declara FUNDADA la acción de amparo.

El tribunal constitucional en el Exp N° 2727-2002-AA/TC  señaló que el contenido constitucionalmente protegido  de este propio principio jurídico indeterminado no puede ser precisado en términos generales y abstractos sino que debe ser analizado cada caso concreto, no obstante teniendo en cuenta las funciones que cumple en nuestro estado democrático  de derecho, es posible afirmar, con caracter general,  que se transgrede el principio de no confiscatoriedad de los tributos cada vez que un tributo  excede el límite  que razonablemente puede admitirse como justificado en un régimen en el que  se ha garantizado constitucionalmente el derecho subjetivo a la propiedad.

Asimismo  se declaró en el Exp N° 004-2004-AI/TC  que es preciso distinguir  la eventual inscostitucionalidad de un tributo en atención  a su incidencia concreta en las circunstancias particulares y la inconstitucionalidad en la que pueda incurrir  la ley que lo regula, la cual solo  podría ser determinada, en sentido abstracto, analizando los elementos constitutivos del triibito y particularmente la materia imponible y la alicuot, cuyos contenidos o dimensiones podrían ser muestras evidentes de un exceso de poder tributario.

Exp 00053-2004-PI/TC: La sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional  en la conocida ejecutoria del 16 de mayo del 2005  que afectó a todos los municipios del país y que declaró la inconstitucionalidad  de las Ordenanzas de Arbitrios de la Municipalidad de Miraflores y en el acto declarando inaplicables todas las ordenanzas de arbitrios hasta ese entonces también dejó precedentes respecto al Principio de No confiscatoriedad  a saber:

Indica el colegiado que el análisis de confiscatoriedad  de los tributos tiene en su ratio el referente base de la capacidad contributiva  la cual se deriva del propio presupuesto  de hecho o se pone de manifiesto  por otras circunstancias como en el caso de las tasas, siendo indispensable su consideración en cada oportunidad que se analicen los supuestos de confiscatoriedad.

¿Cómo se constata la confiscatoriedad en el caso de arbitrios Municipales? Conforme a lo dicho la evaluación de confiscatoriedad cuantitativa en estos casos , es una tarea difícil de determinar con alcance general, por lo que será necesaria su verificación atendiendo  las peculiaridades de cada caso en particular. No obstante situaciones tales como la determinación del monto global del arbitrio en base a montos sobrevalorados o montos no justificados, por ejemplo ante la inexistencia del informe técnico financiero, evidencian  situaciones de confiscatoriedad, pues imponen  al contribuyente cargas tributarias que no corresponden a su realidad.

Por el contrario la confiscatoriedad en cada caso concreto  requerirá de la verificación  de la no existencia de una relación razonable entre el costo del servicio global que debe solventar cada sujeto y la forma de cómo se ha cuantificado la misma en su caso, debiendo demostrarse además que de acuerdo  a sus circunstancias económicas no le es posible soportar este tributo.

Confiscatoriedad cualitativa y la no prestación del servicio:

Ahora bien la Confiscatoriedad no sólo se constata cuantitativamente  sino que podría constatarse cualitativamente cuando se exige el pago sin respetar otros principios tributarios. De este modo habrá confiscatoriedad cualitativa si la municipalidad no ha puesto a disposición del vecino la prestación del servicio, en cuyo caso se vulnera la reserva de ley, al cobrarse en base a una circunstancia generadora inexistente. Para evaluar la falta de prestación del servicio deberán tomarse en cuenta presunciones tales como la inexistencia de personal técnico real para efectivizar  la prestación del servicio en los términos cuantificados por el municipio. Por ejemplo debe verificar si un "x" número de ciudadanos puede tener a su disposición, de manera real o potencial  el servicio de serenazgo con base a un número "y" de camionetas de serenazgo; o si no existen áreas verdes o no se mantienen y pese a ello se cobra el servicio..

Si bien es cierto el contribuyente que discrepa sobre la carga económica asumida por arbitrios debe adjuntar en su reclamo  administrativo o posterior acción judicial los elementos mínimos que certifiquen lo que alega (liquidaciones, órdenes de pago, determinaciones y otros elementos que demuestren la falrta de recursos para asumir la carga tributaria o la falta de disposición del servicio cobrado conforme lo señaló el fundamento 61 de la STC  N° 0041-2004-AI/TC debido a la complejidad técnica que supone demostrar lo que verdaderamente corresponde pagar de manera individualizada a cada contribuyente y el posible exceso en el cobro, el Tribunal considera que en última instancia la carga de la prueba en estos casos debe invertirse  y recaer en la municipalidad, pues ésta se encuentra en mejores condiciones técnicas para asumirla.

Como consecuencia de lo antes señalado el Tribunal  Constitucional establece algunas reglas a saber:

1.- En términos generales la evaluación  de confiscatoriedad en el caso de arbitrios se manifiesta por la determinación del monto global del arbitrio sobre la base de montos sobrevaluados o en el caso de montos no justificados, por falta de informe técnico financiero que demuestre la determinación de costos.
2.- En cada caso concreto, el contribuyente deberá acreditar lo que alega mediante los documentos mínimo indispensables (liquidaciones, determinaciones así como otros elementos  que demuestren la falta de recursos para asumir la carga, sin embargo será la municipalidad quien asuma el mayor peso de la carga probatoria debiendo ser ella quien demuestre la razonabilidad entre el costo del servicio y el monto exigido al contribuyente.
3.- Si el contribuyente personalmente o de manera conjunta reclama en vía administrativa y luego en la judicial sustentándose peritajes y estudios de certificación técnica, el municipio deberá correr con los costos efectuados por el contribuyente en caso sea atendido favorablemente su reclamo o demanda.

De lo que se puede colegir además de lo dicho en la referida sentencia que la confiscatoriedad no solo se puede reclamar en vía judicial constitucional sino administrativamente en una primera instancia. Asimismo se ha podido colegir que existen dos clases de confiscatoriedad a saber la cuantitativa y la cualitativa. esta última se puede dar cuando verifica que el cobro en base a una circunstancia generadora inexistente o una circunstancia irreal de forma potencial considerando el número de personal o de áreas verdes inexistentes o no mantenidas respecto de un número de ciudadanos del sector donde supuestamente se está invirtiendo un costo de servicio señalado por la administración en su ordenanza e informe técnico.

Otro caso es aquel de municipios que cuentan con ordenanzas ratificadas pero que en la práctica solo están en el papel y se hicieron para justificar el cobro del mismo pues cuentan al mismo tiempo con otras ordenanzas de topes o que en la práctica dan legalidad al cobro de antiguas ordenanzas (Se ordena por  que el contribuyente  seguirá pagando lo mismo del año pasado más un porcentaje que no supere la inflación). Esto lo hacen muchos municipios pues si cobraran las tasas de su nueva ordenanza ratificada los costos superarían mas del 500% respecto a lo cobrado el año anterior y para evitar conflictos sociales estas municipalidades ubicadas mayormente en los conos de Lima desde el 2005 vienen cobrando montos irreales, sin embargo a los nuevos contribuyentes o aquellos contribuyentes que han otorgado anticipos de legítima al nuevo contribuyente se les está aplicando la tasa señalada en la nueva ordenanza por lo que se da el caso que en un mismo edificio un vecino cancele 100 soles anuales  y su vecino 500 soles por un mismo servicio en el mismo edificio. Asi pues aunque parezca irrazonable en muchos municipios como Ate, San juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo entre otros esta ocurriendo esta problemática el cual también colisiona con el principio de no confiscatoriedad y al mismo tiempo el no sinceramiento de sus ordenanzas municipales para lo cual sus funcionarios a pesar que ya han pasado muchas gestiones desde el año 2005 en que a través de sentencia del TC comentada no cuentan con un régimen de arbitrios sincero y real lo que ocasiona una evasión por parte de los contribuyentes y por ende un pésimo servicio o lo que es peor realizando cobros coactivos en las partes mas altas de los cerros desde el cuál  se puede ver que a kilómetros de distancia no existe una sóla área verde ni serenazgo que se pueda divisar sin embargo el cobro de distribuye entre ellos.  Otro tema que tocaremos en próximos artículos será la emisión de ordenanzas de arbitrios municipales que en la mayoría de casos son delegadas a empresas privadas ( casi siempre la misma persona que tiene el monopolio de emisión de arbitrios que con la misma plantilla presenta al SAT para su ratificación) y que son irreales, inflan los costos del servicio a pedido y lo único que ocasionan es una mala determinación de la tasa y por ello  su única recaudación está asumida mayormente por los  principales contribuyentes  a quienes se carga con el servicio.

Renzo Trefogli Zuloaga

renzotrefogli@gmail.com

RECLAMACIÓN O QUEJA PARA EVALUAR LA VALIDEZ DE UNA ORDEN DE PAGO?

De cómo a través del recurso de queja se declaró nula una orden de pago por Impuesto vehicular en el SAT

Se ha vuelto común en algunas de nuestras administraciones tributarias locales  que el personal que labora  en las ejecutorías coactivas  "cocine" o elabore en  gabinete los cargos de notificación mal llenados  o que jamás le llegaron al domicilio fiscal del contribuyente y peor aún cuando uno se entera de la supuesta deuda cuando llega una notificación de embargo en las cuentas bancarias  o en forma de secuestro conservativo de un vehículo y el  reclamar está fuera del plazo e incluso interponer una queja por mala notificación  se hace difícil porque personal  contratado por las municipalidades dejó a un lado la moral y las buenas costumbres fraguando firmas o indicando alegremente que el  contribuyente se negó a recibir la notificación, nos queda entonces como abogados tributaristas analizar la situación  y ver la mejor forma de sacar adelante el caso.

Luego de esta breve introducción  me toca analizar un tema interesante del cual les daré luces de cómo utilizar el recurso de queja  ante el tribunal fiscal  interpretando la excepcionalidad  que regula el art 119 del código tributario a partir de una orden de pago  en la que se cuestione su legalidad y se vea en esta instancia una cuestión de fondo para lo cual compartiré jurisprudencia que respalde la misma generada a través de nuestra práctica procesal diaria. 

La orden de pago conforme lo señala el código tributario  es el acto en virtud  la administración tributaria  exige al deudor  la cancelación  de la deuda  sin necesidad de emitirse previamente la resolución de determinación y que se genera por tributos autoliquidados por el  deudor, debiéndose de requerir el pago previo en caso de reclamación salvo las excepciones del art 119. Es así que dada la naturaleza de auto declaración  de la orden de pago, el código en su art 115° considera la exigibilidad para las acciones de coerción y cobranza cuando ella se encuentre notificada conforme a ley.

Les contaré esta vez el caso de una orden de pago  por impuesto vehicular el mismo que se cuestiona su legalidad estando la misma en proceso de ejecución con dos medidas cautelares. una en la cuenta bancaria del contribuyente y al mismo tiempo ordenándose a la Policía nacional que capture el vehículo mediante el secuestro conservativo , medida cautelar que llevan a cabo personal del SAT sin presencia del ejecutor ni auxiliar coactivo en compañía de policías de franco en los distintos operativos por lo que el pago del impuesto se triplica en menos de un día si el ejecutor ordena trabajar todas las medidas a pocas horas que la deuda venció y así es como está trabajando el SAT, sin embargo en su apuro por enviar a todos los contribuyentes propietarios de un vehículo nuevo a ejecutoría coactiva para triplicar el costo a días de su vencimiento y a fin de aparentar una efectividad en su trabajo cometen errores a saber:

1) La Resolución de Ejecución coactiva N° 1 se emite industrialmente en las rápidas impresoras y al ser tal el volumen del mismo obviamente el ejecutor ni su auxiliar podrían verificar la exigibilidad o no del valor  y peor aún ni lo ven encargándole a trabajadores  notificadores que  firmen la REC con un garabato infantil (no es la firma que figura en RENIEC) configurándose el primer hecho pasible de una denuncia penal, toda vez que cuando intentan realizar medidas cautelares y consignan su firma verdadera(escaneada) es ahi cuando dan a conocer su verdadera forma de trabajo y si bien es cierto muchas personas cancelan asustadas se exponen a las denuncias penales sin embargo es el riesgo de tener un buen sueldo en la administración pública estar sujeto a que un abogado se de cuenta de cómo trabajan y decida denunciarlos.      

2) A pesar que aparentan estar dichos documentos bien notificados, contienen errores  de fondo como el no estar emitidos conforme al art 78 del código tributario numeral 1 por haber sido  emitida objetando  lo consignado por la recurrente en su declaración, por lo tanto  la orden no constituye deuda exigible coactivamente.

Frente a lo dicho  resulta pertinente responder técnicamente  cuál es la vía adecuada para  cuestionar la legalidad de una orden de pago si es posible mediante el recurso de reclamación  o si puede hacerlo a través de una queja. técnicamentre  el código tributario señala  que la orden de pago determina una deuda a pagar a partir de su propia declaración y para que esta sea exigible  basta que sea notificada conforme a ley y a partir de ello se iniciará  la cobranza coactiva sin discutir el fondo del asunto  y si ella no está emitida conforme a ley el art 135 el contribuyente tiene derecho a impugnarlo dentro de los plazos mediante   el recurso de reclamación.

Cuáles son  esas situaciones excepcionales del art 119?. Son varias, por ejemplo una de ellas  cuando se han presentado declaraciones rectificatorias (RTF 13151-4-2009) debiendo la administración  suspender los procesos coactivos  y resolver el reclamo en 90 días  a diferencia de los 9 meses  en que se resuelven otras reclamaciones.

La posición de algunos tratadistas defensores de los ejecutores coactivos  indican que estos  tienen la facultad de analizar la exigibilidad  de la deuda conforme al art 115  verificando solo su notificación y que no hallan sido impugnados y la orden de pago tiene certeza  en tanto se emita  conforme a los supuestos señalados en el art 78 y en caso que no sea así  puede ser objeto de reclamación a través del proceso contencioso tributario. 

Por su parte el Tribunal Fiscal  ya ha advertido en diversas  resoluciones como la 10180-5-2008, 04614-1-2006 que si la orden de pago no es emitida conforme al Art. 78 inc 1  puede ser revocada por el tribunal fiscal.

Regresando al caso que nos convoca la quejosa cuestionó el procedimiento de ejecución coactiva  contra las actuaciones del ejecutor del Servicio de Administración Tributaria argumentando  que la deuda no resulta exigible toda vez que detectó que la orden de pago materia de cobro  se sustenta en una declaración  jurada que corresponde a un año distinto  al de materia de cobranza y que además no le fuese notificada  siendo además que  tanto el valor  como la REC 1  no cumple con el requisito  establecido en el literal g del art 15 de la Ley de ejecución coactiva para gobiernos locales pus no consigna las firmas originales del auxiliar y el ejecutor. Finalmente argumentó  que dos medidas cautelares  como lo es el secuestro conservativo y  retención bancaria no son proporcionales a la deuda materia de cobranza.

El tribunal Fiscal a través de su oficina de quejas señaló que la administración  conforme al art 25.2 de la Ley de Ejecución coactiva  considera deuda exigible coactivamente  a la que conste en una orden de pago emitida conforme a ley y debidamente notificadas y que los gobiernos locales únicamente emitirán Ordenes de pago en los numerales 1 y 3 del art 78 esto es por tributos autoliquidados y que de las normas previamente expuestas se tiene que la administración a efecto de iniciar  la ejecución coactiva de una deuda debe previamente  emitir debidamente los valores de la contengan. Que en el presente caso mediante REC 1  se inició el procedimiento  de la deuda contenida en la orden de pago por impuesto vehicular del año 2018 y sobre la base de la declaración jurada N° xxx-2016. Por tanto que de la revisión de dicha declaración que consta en la orden de pago se aprecia  que corresponde a la declaración jurada del año 2016, periodo distinto del acotado  por el presenete año 2018 por lo que al no haber acreditado  que dicho valor  haya sido debidamente emitido no puede considerarse que contenga deuda exigible coactivamente debiendo la administración suspender definitivamente el proceso  levantar los embargos, medidas cautelares  careciendo de relevancia pronunciarse por los demás  alegatos. Criterios similares  se han establecido  por dicho Tribunal en las Resoluciones N° 04188-8-2012, 00596-Q-2016 y 04322-Q-2016. Asimismo mediante RTF 13650-3-2009 se resolvió declarar fundada una queja por haberse iniciado  en forma indebida el procedimiento de cobranza coactiva toda vez que el importe a pagar consignado en la orden de pago  no proviene de las declaraciones presentadas por el recurrente.

Asi pues podemos concluir que efectivamente mediante el recurso de queja se puede cuestionar la validez y certeza de una orden de pago que no halla sido emitida conforme al art 78 del código inc 1 sin necesidad de haber interpuesto la reclamación y sin necesidad de cuestionar la validez de la notificación toda vez que  se ha declarado su nulidad de hecho al  no poder ser pasible de iniciar una cobranza coactiva. Adjuntamos la RTF en cuestión  a fin que mis alumnos que he formado en las diversas administraciones tributarias y que hoy son funcionarios no cometan crasos errores y a mis lectores abogados defensores puedan conocer un poco más a cerca del derecho procesal tributario municipal. 

Abog Renzo Trefogli Zuloaga

PUEDE UNA AMNISTIA TRIBUTARIA BENEFICIAR A UN SOLO GRUPO DE CONTRIBUYENTES Y DISCRIMINAR A OTRO GRUPO?

El presente artículo pretende ser una respuesta a las múltiples consultas que nos realizan  los funcionarios de las administraciones tributarias municipales tanto como a los asesores jurídicos y regidores  que suelen  dar el visto bueno antes de aprobar en sesión de concejo  las famosas, comunes y controvertidas amnistías tributarias u ordenanzas de condonación de intereses y tasas, respecto de si es posible  excluir de la condonación general a un segmento de contribuyentes, así como cuáles son las  consecuencias para administrados y funcionarios.

El artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27970, establece que las Ordenanzas son normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura de la normativa municipal. Mediante Ordenan se crean, exoneran o suprimen tasas, licencias, derechos, contribuciones con los límites que establece la Ley. El artículo 41 del código tributario indica que la deuda tributaria solo puede ser condonada con norma con rango de Ley y excepcionalmente los gobiernos locales podrán condonar CON CARÁCTER GENERAL el interés moratorio y las sanciones respecto de los impuestos que administren y en el caso de contribuciones y tasas podrá alcanzar al tributo. 

Así pues concordando ambos textos legales queda claro que mediante ordenanza solo se puede condonar  las tasas y contribuciones que administren y respecto de los impuestos  dicha condonación alcanza solamente a los intereses y sanciones pero siempre con carácter General, pues de lo contrario se estaría violando el art 74 de la constitución respecto de los principios de igualdad o razonabilidad en caso que no se señale expresamente diferencias razonables en la hipótesis de incidencia. Y es caso muy común en las administraciones tributarias municipales escuchar al Sub gerente de fiscalización tributaria solicitar  que excluyan a los contribuyentes fiscalizados porque a él lo miden por lo que recauda en fiscalización y en los periodos de amnistía no va a recaudar nada  o se escucha al sub gerente de recaudación pedir una cláusula  en donde excluya a los predios con uso industria  porque ahí pueden cobrar más de forma coactiva, etc y finalmente plasman sus pensamientos   en la ordenanza sin ningún criterio  técnico mas que el defender sus metas de recaudación repitiendo cada tres meses  o una vez al año dependiendo de la municipalidad el mismo proyecto sin ningún sustento técnico, hasta he tenido la ocasión de conocer un gerente de Rentas que al inicio se presenta como el gran recaudador y salvador de la administración  prometiendo nunca hacer amnistías y termina haciendo una cada dos meses sin ningún criterio técnico. y esto sucede sobre todo en municipalidades donde el gerente de rentas es cambiado cada corto tiempo o cuando no se tiene  una política de estado independientemente de quien esté a cargo ya que muchas veces la "planificación"  sólo existe en los libros y en la práctica brilla por su ausencia. 

En la búsqueda de jurisprudencia del caso en mención hemos encontrado una muy interesante que vale la pena comentar a saber:

Expediente N° 1493-2000 publicada el 21 de noviembre del 2000 en la separata "jurisprudencia" en el diario oficial El Peruano pag 3915. Corte Superior de Justicia de Lima - Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público.

Sumilla: Atenta contra los principios de igualdad y no discriminación establecidos en la constitución política, el no comprender dentro de los alcances  de una amnistía tributaria dispuesta por una municipalidad a un grupo de contribuyentes en razón del tipo de uso que éstos le dan a su predio toda vez que no se han  establecido  diferencias razonables en la hipótesis de incidencia de las distintas obligaciones tributarias.

Asunto: La accionante plantea como pretensión que se declare inaplicable respecto de ella los efectos del art 3 de la Ordenanza Municipal N° 002-2000-MDSA el cuál excluye de los alcances de la prórroga de una amnistía tributaria que beneficia a los contribuyentes del distrito a sus asociados lo que atenta contra sus derechos a la igualdad ante la Ley, a la libertad de trabajo, ejercicio de una actividad comercial y a la libre competencia. La demandante interpone recurso de apelación contra la resolución de primera instancia que declaró Infundada la acción de amparo.

Posición de la corte: "... Cuarto: Que el art 191 y 192 del texto constitucional  en concordancia con la ley orgánica de municipalidades, si bien es cierto  otorgan a los gobiernos locales  atribuciones propias de su competencia, estas facultades no son absolutas e irrestrictas, pues deben guardar  razonabilidad en su ejercicio y/o aplicación. Quinto: Que por su parte  el art. 2 del referido texto constitucional  prevé la garantía referida al derecho  que tiene  toda persona a la igualdad ante la Ley y detallando señala que nadie debe ser discriminado por motivo de sexo, origen, raza, idioma, condición económica o de cualquier otra índole. Sexto:Que, la Ordenanza cuestionada y que es objeto de la presente acción de garantía, al disponer que el alcance normativo comprende solamente a predios dedicados a "comercios y servicios menores" inserta una categoría  discriminatoria, al haber sido un pedido genérico de los contribuyentes  del distrito otorgar la ampliación de la amnistía tributaria reflejándose un evidente trato desigual a los sujetos pasivos  de la obligación tributaria pese a ser contribuyentes dedicados a actividades comerciales del mismo distrito, sin establecer diferencias razonables en la hipótesis de incidencia  tributaria de las distintas obligaciones tributarias (impuesto predial, arbitrios municipales, etc)  restringiéndolos de facilidades para que los contribuyentes cumplan con pagar dichos tributos, sin que ello en modo alguno signifique una omisión al pago de la deuda tributaria, por cuyas razones deviene en amparable la pretensión invocada al amparo de lo cuestionado por el art 3 de la Ley 23506. En consecuencia la Corte Superior de Justicia de Lima revoca la sentencia y reformándola la declara FUNDADA la acción de amparo.

Así pues vemos en la jurisprudencia que no es razonable ni está justificado  la discriminación de un segmento de los contribuyentes si no se explica  razonablemente la razón con la agravante que en los considerandos de las mismas ordenanzas suelen indicar que ".. ante el pedido general de la población se han recibido escritos solicitando una ordenanza de condonación con carácter general..." ".... y con la finalidad de sanear los saldos deudores de la población...."  sin embargo insertando un artículo  discriminando a un sector sin fundamentar razonablemente la razón por lo que se viola el mismo art. 74 de la constitución que citan parcialmente en sus considerandos. 

Podríamos concluir que siendo las ordenanzas normas con rango de Ley  pueden establecerse los parámetros que se crean pertinentes siempre y cuando se sustenten en el principio constitucional de razonabilidad a fin de no incurrir en infracciones.  

Aquí algunos extractos de ordenanzas publicadas que tienen dichas deficiencias y que deben ser tomadas en cuenta 

Abog. Renzo Paolo Trefogli Zuloaga

LA REPRESENTACION EN SUCESIONES INDIVISAS Y OTROS SUJETOS QUE CARECEN DE PERSONERIA JURIDICA

LA REPRESENTACION EN SUCESIONES INDIVISAS Y OTROS SUJETOS QUE CARECEN DE PERSONERIA JURIDICA EN MATERIA TRIBUTARIA Y LA DETERMINACION DE TRIBUTOS A SUCESIONES INDIVISAS CUANDO EXISTE UNA DECLARATORIA DE HEREDEROS .

El Caso de la liquidación del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales a las sucesiones intestadas en Gobiernos Locales 

Hoy analizaremos una jurisprudencia del Tribunal fiscal respecto a una apelación contra la inadmisibilidad que declaró la Municipalidad de San Isidro de un recurso presentado por una sucesión contra una orden de pago argumentando que no presentó poder  de representatividad de la sucesión así como por no cancelar el pago previo solicitado por dicha comuna siendo que el tribunal declaró nula la Resolución que declaró la inadmisibilidad y  se pronunció además por el fondo declarando nula la Orden de Pago girada.

Asi pues la apelante señalaba en su recurso de reclamación no estar de acuerdo con la determinación de la deuda por concepto de impuesto predial toda vez que de acuerdo a la declaratoria de herederos que presentara la cónyuge supérstite era dueña del 50% mas el 10% y sus cuatro hijos tenían el 10%, en ese sentido  lejos de hacer los cálculos correspondientes la Administración Tributaria de la Municipalidad de San Isidro requirió el pago previo asumiendo que el reclamo sería infundado y asímismo requirió el poder de representación del resto de herederos  (sus hijos) a la cónyuge supérstite cuestiones que fueron impugnadas a fin que el tribunal fiscal se pronuncie respecto a estos dos temas.

El colegiado respaldó a la apelante señalando que el artículo 22 del Código Tributario y sus modificatorias ha dejado plenamente establecido que los sujetos que carecen personería jurídica dentro de los cuales se encontrarían las sucesiones pueden ser representadas ya sea por su representante legal o por sus integrantes, por tanto con la declaratoria de herederos que constaba en el expediente se podía  apreciar que uno de sus integrantes fue quien presentó el recurso  debiendo revocar en ese extremos la inadmisibilidad del recurso. Se dejó claro entonces que cuando un representante de la sucesión acreditado con la sola presentación de la declaratoria de herederos era más que suficiente para que no se pida poder alguno ni del finado ni de todos los herederos juntos.

Respecto del extremo del pago previo argumentó que la apelada  se acogió a lo señalado en el artículo 119 en el sentido que no se exigirá el pago previo cuando medien circunstancias en las que la cobranza podrá ser improcedente. Asi pues, toda vez que según se aprecia en autos existe una declaratoria de herederos es inviable que se pretenda que la sucesión sea el contribuyente o esté obligada al pago  toda vez que los valores no se ajustarían a lo dispuesto por el artículo 78 del código tributario  existiendo en es sentido  circunstancias que evidencian la improcedencia de la cobranza debiendo declarar nulos los valores y nula la resolución que declaró la inadmisibilidad del recurso.

Es preciso señalar que el Art. 318 del código civil  señala que el régimen de gananciales fenece con la muerte y el Art. 660 señala que con la muerte la masa hereditaria se transmite a sus sucesores y que de acuerdo al Art. 816 el 50% de la masa hereditaria le corresponde al cónyuge supérstite más un porcentaje del otro 50% que corresponde a los hijos según declaratoria de herederos. La sucesión indivisa es una ficción creada por ley el mismo que finaliza o se extingue con la declaratoria de herederos sea por mandato judicial o notarial.Es en ese sentido que en caso que exista declaratoria de herederos ya el tener en las bass de datos  cientos de contribuyentes como sucesiones indivisas es una ficción pretender exigir coactivamente su cobranza a la misma y es un tema muy recurrente que funcioanrios  y resoplutories noveles en la materia no sepan que hacer con tanto contribuyente con esas características y solo se limiten a remitir cartas infructuosas  con el único fin de amedrentar a los vecinos debiendo para tal motivo  hacer cruce con la SUNARP en su libro de declaratoria de herederos sin embargo la dejadez que se ve en la práctica por parte de las administraciones tributarias hace que se dejen de cobrar múltiples acreencias dejando en ese sentido que el tiempo pase y por ende  dejando a salvo el derecho de solicitar su prescripción y si eso sucede en un a municipalidad fuerte económicamente como San Isidro, ya podremos imaginar como se encuentran en general los gobiernos locales.

Teniendo mi blog tributario la finalidad de servir a la comunidad jurídica que en materia de tributación municipal es tan pequeña en el Perú, le comparto la Resolución del Tribunal Fiscal la cual  en esta oportunidad hemos comentado y en la cual hemos participado en calidad de contribuyentes esperando vuestros comentarios.

EL IMPUESTO PREDIAL Y LA COPROPIEDAD

LA COPROPIEDAD EN LA LEGISLACION TRIBUTARIA MUNICIPAL

 La ley de Tributación Municipal en el Perú señala en su artículo noveno lo siguiente: Son sujetos pasivos en calidad de contribuyentes, las personas naturales o jurídicas propietarias de los predios, cualquiera sea su naturaleza.

Excepcionalmente, se considerará como sujetos pasivos del impuesto a los titulares de concesiones otorgadas al amparo del Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, Texto Único Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, sus normas modificatorias, ampliatorias y reglamentarias, respecto de los predios que se les hubiesen entregado en concesión, durante el tiempo de vigencia del contrato.

Los predios sujetos a condominio se consideran como pertenecientes a un solo dueño, salvo que se comunique a la respectiva Municipalidad el nombre de los condóminos y la participación que a cada uno corresponda. Los condóminos son responsables solidarios del pago del impuesto que recaiga sobre el predio, pudiendo exigirse a cualquiera de ellos el pago total.

Cuando la existencia del propietario no pudiera ser determinada, son sujetos obligados al pago del impuesto, en calidad de responsables, los poseedores o tenedores, a cualquier título, de los predios afectos, sin perjuicio de su derecho a reclamar el pago a los respectivos contribuyentes.

Según la postura de nuestro Código Civil de 1984 existe copropiedad cuando un bien pertenece por cuotas ideales a dos o más personas las que no tienen derechos específicos sobre un área o espacio físico determinado del bien y su derecho  por el contrario recae sobre la totalidad del mismo  y justamente en proporción a sus cuotas ideales. Dichas cuotas se presumen iguales salvo prueba en contrario.

Es necesario recalcar  que a nivel doctrinario se ha utilizado  indistintamente  una diversidad de términos para referirse a la copropiedad como el condominio, copropiedad, indivisión, comunidad, propiedad colectiva, etc.

Puig Brutau en sus fundamentos del Derecho Civil T III señala que la comunidad es un género que comprende todos aquellos casos en que la titularidad de un derecho cualquiera corresponda a 2 o más personas, así también habría comunidad de un derecho de propiedad (que sería la copropiedad). En ese caso la copropiedad sería una especie del género de comunidad. En cuanto a la indivisión esta se ha utilizado tanto para referirse a la situación de la cosa cuando esta pertenece a 2 o más personas (indivisión de la cosa) o para referirse  también a la situación que existe o en la que se encuentran los cotitulares (Loius Josserand). En cuanto al condominio Manuel Albadejo en su obra  “Derecho Civil T.III” lo define como la cotitularidad respecto de la cosa aunque hay autores que han establecido diferencias entre ellos respecto a la cotitularidad de los bienes inmateriales, posición adoptada por nuestro código. Luis Alberto Pérez Huamani tratadista peruano indica que también puede utilizarse el término comunidad pero referido al derecho de propiedad representado por la copropiedad.

En la Jurisprudencia del Tribunal Fiscal (RTF 3972-2-2002) ha considerado que la propiedad que grava el impuesto predial debe ser entendida como aquel  derecho o poder jurídico que recae sobre determinado predio o inmueble, bien se trate sobre su totalidad o sobre parte de él, siendo este último caso el de la copropiedad, en el cual el bien le pertenece por cuotas ideales a cada copropietario de acuerdo al artículo 969 del código civil. En ese sentido en el caso de predios sujetos a copropiedad o condominio es decir que pertenecen a varias personas, el artículo 9 de la Ley de Tributación municipal señala que tales predios son gravados en función a la participación o cuota ideal que sobre dichos predios corresponda a cada uno de los copropietarios, siempre que se comunique a la respectiva municipalidad los nombres de estos, debiendo entenderse que cuando  se efectúa la indicada comunicación, cada uno de ellos tendrá la calidad de contribuyente, y en aplicación del artículo 11º de la mencionada ley, la base imponible para la determinación de dicho impuesto estará constituida por el valor de la participación del copropietario respectivo.

En consecuencia de acuerdo a la reiterada jurisprudencia fiscal notamos  que el colegiado a determinado que el artículo 9 establece como sinónimos a dichos conceptos pudiendo la Administración Tributaria optar por 2 criterios a saber:  o tener como contribuyente a uno solo como si fuera un solo dueño u optar por tener a cada condómino con su cuota ideal en caso que se comunique los nombres de estos.

Copropiedad en la sociedad conyugal

Conforme la Sentencia de Casación Nº 1895-98-Cajamarca publicada en el diario oficial el Peruano,  los bienes sociales son de propiedad de la sociedad de gananciales, constituyen un patrimonio autónomo distinto al patrimonio de cada cónyuge y por lo tanto no están sujetos a un régimen de copropiedad es decir los cónyuges no son propietarios de alícuotas respecto a los bienes sociales. Asi pues, el Régimen de Sociedad de Gananciales tiene una naturaleza distinta a la copropiedad, no existen cuotas, sino que los gananciales recién se concederán al momento del fenecimiento y liquidación del Régimen. Bajo dicho supuesto sería incongruente presentar una declaración jurada de autovaluo de cónyuges como copropietarios de un mismo inmueble bajo códigos de contribuyente separados, salvo que se liquide la sociedad de gananciales.

Abog. Renzo Trefogli Zuloaga
renzotrefogli@gmail.com

DISCRIMINACIÓN TRIBUTARIA EN MATERIA DE INAFECTACIÓN DE ARBITRIOS MUNICIPALES A LAS ENTIDADES RELIGIOSAS DISTINTAS A LA CATÓLICA

EL CASO DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES Y EL LIMITE LA POTESTAD TRIBUTARIA DE LOS GOBIERNOS LOCALES.

A propósito de la sentencia recaída en el expediente 3565-2004 de la Corte Suprema del Perú, el presente ensayo pretende delimitar los límites de la potestad tributaria de los gobiernos locales en materia de Inafectaciones de conformidad con la Constitución Política del Perú.

I.- Tratamiento Constitucional en torno al tema Religioso.

Los norteamericanos inspirados en los ideales de la Revolución Francesa  establecieron en su carta magna en 1791 que El Congreso no podrá aprobar ninguna ley por la cual se establezca determinada religión, o se prohiba el libre ejercicio de una de ellas. En América Latina el Estado teocrático  se transformó a con el inicio de la República en estado confesional. La Iglesia católica con el control de hospitales, albergues, cementerios, escuelas , hospicios y universidades le negó al estado peruano estas competencias naturales. Desde la Constitución liberal  de 1823 el gobierno no pudo sino someterse al poder irrebatible de la institución confesional.

Por su lado el Tribunal Constitucional ha señalado en cuanto a la libertad religiosa que es un derecho fundamental de todo individuo de formar parte de una determinada confesión religiosa, de creer en el dogma y la doctrina propuesta por dicha confesión, de manifestar pública y privadamente las consecuentes convicciones religiosas y de practicar el culto (STC Nº 0895-2001-AA/TC).

Asimismo, de acuerdo a la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en la STC Nº 3283-2003-AA/TC ha establecido que la libertad religiosa comporta el establecimiento de los cuatro atributos jurídicos siguientes:

1. Reconocimiento de la facultad de profesión de la creencia religiosa que libremente elija una persona.
2. Reconocimiento de la facultad de abstención de profesión de toda creencia y culto religioso.
3. Reconocimiento de la facultad para poder cambiar de creencia religiosa.
4. Reconocimiento de la facultad de declarar públicamente la vinculación con una creencia religiosa o de abstenerse de manifestar la pertenencia a alguna. Es decir, supone el atributo de informar o no informar sobre tal creencia a terceros.

 A lo largo de los años en nuestra historia constitucional se aceptó como única Iglesia reconocida y protegida del Estado a la Iglesia Católica. Así pues a diferencia de lo que sucedía en los Estados Unidos de Norteamérica desde su independencia en el siglo 18, en el Perú la primera  carta magna inspirada en la Constitución de Cádiz del año 1812 que sentenciaba que la religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohibe el ejercicio de cualquier otra”. Así pues la constitución del año 1823 señalaba en su artículo 8º que religión de la república es la Iglesia Católica apostólica y romana y es deber de la nación protegerla por todos los medios conforme el espíritu del evangelio, texto que fue copiado para la Constitución de 1826, 1834, 1837, 1839, 1856, 1860. En el año 1860 se endurece más el texto enunciando que no se permitirá el ejercicio público de religión distinta a la católica quizá inspirado por los “santos inquisidores” que habían desaparecido ya siglos atrás. Dicho texto fue incluido también en la nueva constitución de 1867. Allá por el año 1920 con el nacimiento de siglo XX y los pensamientos modernistas se modificó el texto tibiamente indicando que nadie podrá ser perseguido por razón de sus ideas ni por sus creencias. Sin embargo no fue hasta el año 1933 en el breve mandato del General Luis Sánchez Cerro que era de corte liberal promulgando la libertad de culto  así como el reconocimiento del divorcio. Así pues su texto señalaba en su art. 232 que “… Respetando los sentimientos de la mayoría nacional el estado protege la religión católica, apostólica y Romana y que las demás religiones gozan de libertad para el ejercicio de sus respectivos cultos religiosos. Ya en el mismo corte el año 1979 recoge el texto del año 1933 añadiendo que el ejercicio público de las demás confesiones se permite si es que no ofenda a la moral ni altere el orden público..”, finalmente en la Constitución política actual del año 1993 recoge lo señalado en la de 1979 añadiendo que el estado reconoce a la iglesia católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú y le presta su colaboración. Así pues  a partir de la vigencia de las 3 últimas constituciones el estado reconoce la libertad de culto no existiendo una religión “oficial”.

II.- EXONERACIONES E INAFECTACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES PARA LA IGLESIA CATOLICA DE ACUERDO AL CONCORDATO.

Dentro de los últimos días de vigencia de la conservadora constitución de 1933 El 19 de julio de 1980, el Estado Peruano celebró un concordato con el gobierno de la Santa Sede, ratificado posteriormente por el Decreto Ley N° 23211 del 24 de julio de 1980, antes de la entrada en vigencia de la nueva constitución de 1979, el mismo que congeló los beneficios tributarios que tenía hasta aquel año dándole una inmunidad tributaria a las exoneraciones existentes.

Asimismo, el Decreto Legislativo N° 626 del 29 de agosto de 1990, suscrito en el Gobierno del Ex Presidente Alberto Fujimori, confirmó la vigencia del Acuerdo suscrito por la Santa Sede y la República del Perú para todos sus efectos, de las exoneraciones, beneficios tributarios y franquicias a favor de la Iglesia Católica, sus jurisdicciones y las comunidades religiosas que la integran.

El artículo X del citado Acuerdo establece que "la Iglesia Católica y las jurisdicciones y comunidades religiosas que la integran continuarán gozando de las exoneraciones y beneficios tributarios y franquicias que les otorguen las leyes y normas legales vigentes", es decir se establece un régimen de permanencia de los beneficios, exoneraciones y franquicias vigentes a la fecha de suscripción del mismo.

Alcances del acuerdo respecto del Impuesto Predial:

En julio de 1980  se encontraba vigente el impuesto al patrimonio predial  (DL Nº 19654 modificado por el DL Nº 19994) en el cual se señalaba que se encontraban  exonerados del impuesto los predios de propiedad de entidades religiosas.

como se puede apreciar en el año en que se aprobó el acuerdo, el texto no hacía mención al uso que debían tener los predios de las entidades religiosas para exonerarlos del impuesto y si bien es cierto  en el año 1982 se promulga la Ley 23552 derogando el impuesto al patrimonio predial no empresarial y estableciendo el impuesto al valor del patrimonio predial que era su equivalente disponiendo que además dichos predios no debían de producir renta y que además tengan el uso de templos, conventos, monasterios, centros educativos y museos, norma que fuera  modificada con el DL Nº 776 en el año 1993 indicando que  están inafectos al impuesto predial  las entidades religiosas en general siempre que fueran templos, conventos, monasterios y museos.

En ese sentido al estar vigente en el año 1980 el DL 19994 que exoneraba del impuesto predial o su equivalente en dicha época a todas las entidades religiosas sin importar su uso, en consecuencia para la iglesia católica que se le congela las exoneraciones vigentes a dicha época al día de hoy se encuentran inafectas del impuesto predial sin importar su uso sin embargo los demás credos religiosos no aplican a dicha regla toda vez que le son aplicables la ley vigente a saber el artículo 17 de la ley de tributación municipal que establece que están inafectas del impuesto predial cualquier entidad religiosa siempre y cuando sea su uso el de templo, convento, monasterio. En la misma posición se ha pronunciado el Tribunal Fiscal en su RTF 676-4-97 donde se señala que los acuerdos celebrados por el estado prevalecen sobre la legislación nacional en tal sentido los predios de la iglesia católica se encuentran exonerados del impuesto predial en virtud al acuerdo de la santa sede no existiendo limitación alguna para la aplicación del beneficio y de acuerdo a la RTF 43-4-98 están exonerados del impuesto predial los predios de entidades religiosas destinados o no a un fin lucrativo toda vez que en el DL 19994 no se señalaba que debe producir renta o no.

Ahora bien de acuerdo a esta conclusión se puede afirmar que se discrimina cuando se aplica el ordenamiento legal vigente para las iglesias de otro credo que tengan predios destinados a otro uso o que tenga renta o simplemente se cumple con la Ley toda vez que las iglesias evangélicas no firmaron acuerdo alguno cuando estuvo vigente el DL 19994?

Alcances del acuerdo respecto de los arbitrios municipales:
  
El 6 de diciembre de 1977 el gobierno revolucionario de Morales Bermudez publicó el Decreto Ley 22012 que en su artículo 6 dejó sin efecto las exoneraciones del pago de los arbitrios municipales a excepción de templos y conventos y aquellas concedidas por convenios de excepción que mantendrán su régimen de exoneración permanente.

Que de acuerdo al acuerdo de la santa sede la iglesia católica estaría exonerado sólo si se encuentra destinado a templo o convento, pues es el único supuesto que exoneraba en aquel entonces, no obstante  en dicha época sólo existían los arbitrios de limpieza pública y alumbrado público, arbitrios que fueron creados mediante decreto legislativo Nº 304 del 03/03/1984 y el edicto 182-MML de 25/11/1993 que como lo ha señalado el Tribunal Fiscal el Acuerdo con la Santa Sede no garantizaba la inalterabilidad del régimen tributario y por tanto no impedía la creación de nuevos arbitrios por tanto la iglesia católica no está exonerada de estos arbitrios nuevos de parques y serenazgo (RTF 05112-3-2004)
 sin embargo desarrollaremos a continuación la lucha judicial de las iglesias de otros credos distintos a la católica que vieron en dicho acuerdo una discriminación por la no expedición de leyes especiales en razón de la diferencia de las personas, a la libertad  de conciencia y religión.

III.- ANTECEDENTES JUDICIALES RESPECTO  DICHO TEMA EN MATERIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

De la revisión de la Jurisprudencia Casatoria de la Corte Suprema  en la sentencia recaída en el expediente Nº 99-1998 en Lima el 3 de febrero del año 2000 la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días interpone demanda contenciosa Administrativa a fin de declarar la nulidad de la RTF 836-3-1997 y se declare que la recurrente se encuentra inafecta  al pago de los arbitrios municipales haciendo referencia a una discriminación de credos. Al respecto  la Corte Suprema falla declarando infundado el petitorio de dicha entidad religiosa amparándose en el dictamen Nº 294-98 de la entonces Fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán por considerar textualmente que la iglesia católica es distinto del de otras pues ya la primera constitución de 1823 reconoció a la Iglesia Católica apostólica y Romanay asumió su protección y asi sucesivamente hasta la de 1993 y que el DL Nº 22012 del 6 de diciembre de 1997 con medidas a asegurar los servicios de alumbrado público dejó sin efecto las exoneraciones de pago de dichos arbitrios con excepción de las instituciones que enumera entre los que se encuentran los templos y conventos y que a la fecha de promulgación de dicha norma la única iglseia reconocida era la católica por lo que por "interpretación histórica" dicha excepción solo podría entenderse a la iglesia católica y ya que las normas de excepción se interpretan restrictivamente y no se pueden  extender por vía extensiva o analógica a otros supuestos no previstos como dispone el título preliminar del código tributario y que ya que la vigente constitución respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas queda a salvo el derecho de la iglesia quejosa su derecho para gestionar el tratamiento legislativo correspondiente y que según los vocales que resolvieron la casación en su último artículo esto "no constituye una discriminación" como sostiene la demanda pues se refieren a u na norma de excepción y no a una regla general de acuerdo a la cual y por principios todos debemos pagar el costo de los servicios públicos.

Vemos así un antecedente judicial de la corte suprema en la época en que el presidente de turno Alberto Fujimori tenía una relación muy allegada con un sector de la Iglesia Católica y por ello suscribe el Decreto legislativo 626 que aprueba el concordato  celebrado en el año 1980.

No obstante allá por el año 2004 otra confesión distinta a la católica interpone, no una acción contenciosa administrativa sino que opta por la vía constitucional, es decir una acción de amparo por la violación de un derecho constitucional como veremos a continuación.

IV.- Pronunciamiento de la Tercera Sala de la Corte Superior recaído en el Exp 3565-2004.

Así pues, obra en el Exp Nº 3565-2004 visto por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima en lo seguidos por La Asociación de los Testigos de Jehová contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, la Sentencia  que declara Fundada la Apelación presentada por dicho contribuyente argumentando en su Acción de Amparo que la agresión de sus derechos constitucionales  versan en la violación de los derechos constitucionales relativos a la no expedición de leyes especiales en razón de la diferencia de las personas, a la libertad  de conciencia y religión y la observancia del debido proceso.

La Municipalidad de Santiago de surco esgrime que la Ordenanza Municipal que determina los arbitrios municipales y que establece Inafectaciones para los predios de la iglesia católica se expidió en uso de sus atribuciones en materia tributaria que otorga la constitución a los gobiernos locales por lo que en virtud  del principio de legalidad dicho beneficio no puede extenderse a favor de los Testigos de Jehová ya que no se encontraría comprendida dentro de los alcances de la norma señalada precisando que no existió discriminación en la actuación del Tribunal Fiscal ya que dicha entidad se habría limitado  a aplicar la norma vigente.

La sala que tuvo a vista el presente caso que si bien es cierto los  gobiernos locales se encuentran facultados para crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas o exonerar de éstas en su jurisdicción no es menos cierto que dicha potestad no es ilimitada sino que se debe respetar los principios fundamentales de reserva de la Ley y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona, por tanto la tributación no debe discriminar a las personas ya que cada vez que un tributo  distingue a las personas de acuerdo a un criterio calificado como prohibido se genera discriminación, es por ello que existe consenso en señalar  que la igualdad tributaria se deriva de la igualdad constitucional.

En ese sentido, la Sala al evaluar la acción de amparo  para dicha entidad distinta a la católica, indica que la ordenanza municipal inafecta a los arbitrios a los predios de las entidades religiosas de la iglesia católica que sean destinados a templos, conventos, monasterios y museos por lo que teniendo en cuenta tal disposición y considerando  los criterios que sobre igualdad ante la ley previsto en el artículo 2 inc 2 de la Constitución Política del Estado y a la vez de manera indirecta  al derecho constitucional a la libertad, a la conciencia y de religión consagrado en el inc. 3 del artículo en mención, puesto que al afectar los bienes inmuebles de la accionante destinados a culto de la religión que profesa, en base de un criterio diferenciador que tiene como base la creencia en una religión determinada, impide que pueda realizar sus actividades vinculadas con sus convicciones religiosas por tanto no sería válido el criterio que el Tribunal Fiscal sólo se limitó a aplicar la normatividad vigente, pues tal interpretación debe realizarse con respeto  de los derechos fundamentales evidenciándose por tal la vulneración de los derechos invocados por la accionante en consecuencia inaplicable para ellos la Ordenanza Municipal que determina los arbitrios municipales de la Municipalidad Santiago de Surco y por ende las resoluciones de determinación que exigen su pago.

Así pues, tenemos que en nuestra jurisprudencia nacional obran precedentes de inaplicación de ordenanzas municipales para el caso concreto de los accionantes que sienten vulnerados o amenazados derechos constitucionales consagrados en la carta magna por motivos de discriminación  por no estar previstos en Inafectaciones a predios de cultos de una iglesia determinada,  no obstante a la fecha se puede apreciar que las ordenanzas que aprueban el régimen de arbitrios municipales en algunos gobiernos locales mantienen el mismo rigor de establecer diferencias e Inafectaciones para inmuebles de propietarios que profesan una religión determinada lo cual en mi opinión debe superarse.

V.- Discriminación tributaria para otros supuestos.-
No obstante ello queda en el tintero otros casos que no han sido materia de dicha acción de amparo, como aquellos predios de una determinada iglesia que tienen uso distinto a culto religioso que respecto al impuesto predial se encuentran inafectos para la iglesia católica de acuerdo a lo antes expuesto y a tantos otros supuestos que se vean afectados por inafectaciones dados aun grupo determinado a fin de favorecer  el desarrollo de ciertas actividades económicas o grupos de las sociedad civil. Acaso también la deducción a la base imponible de 50 UITS para los pensionistas se legisló por el tiempo dedicado por una persona de la población económicamente activa y que por motivos de su edad y otras consideraciones de tipo económico se les otorgue dicho beneficio tributario y aquel anciano que trabajó toda su vida y no goza de una pensión del estado se sienta discriminado por dicha norma la cual no lo contempla a él? todavía hay  mucho que recorrer en esta materia la cual dejo como tarea para posteriores trabajos y a sus comentarios que enriquecerán más el panorama.

Abog. Renzo Paolo Trefogli Zuloaga.
renzotrefogli@gmail.com